El Alto Tribunal estima que la reforma de la Carta Magna puede hacere por el procedimiento ordinario (con el respaldo de los tres quintos del Congreso y el Senado), y por tanto, no es precisa la convocatoria de un referéndum.

El dictamen del Constitucional es consecuencia de la petición que le formuló el Gobierno, para que se pronunciara sobre la necesidad o no de modificar el artículo 13.2 de la Constitución para adaptarlo a los acuerdos sobre unión europea.

Este precepto constitucional señala que "solamente los españoles" tienen derecho a elegir y ser elegidos ara cargos municipales.

El TC remitió esta tarde su informe al Registro del Congreso. Tras conocer el contenido del dictamen, los principales grupos parlamentarios valoraron positivamente la decisión del Constitucional.

Loyola de Palacio, portavoz adjunta del Grupo Popular, manifestó que es una decisión "razonable" atribuir al Parlamento la potestad para modificar la Carta Magna.

Nicolás Sartorius, de Izquierda Unida, dijo que el TC ha adoptado un criterio "correcto", ya que, a juicio de la oalición, "no era necesario convocar un referéndum para una reforma tan pequeña".

Rafael Martínez Campillo, del CDS, coincidió con esta tesis y dijo que "tener que movilizar al pueblo español con una consulta cada vez que haya que tomar una decisión que puede adoptar el Parlamento soberano sería un permanente sobresalto".

Josep Beviá, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, manifestó que el PSOE acata "sin ninguna reserva" y declinó hacer valoraciones más precisas hasta conocer en etalle el dictamen.

Para modificar la Constitución, el Gobierno tendrá que remitir a las Cortes en los próximos días un proyecto de ley de reforma de la Carta Magna, que, a continuación, tendría que ser ratificado por los tres quintos de las dos Cámaras. La aprobación definitiva de la reforma podría adoptarse durante el periodo extraordinario de sesiones en el Parlamento, que comenzó hoy y que se desarrollará hasta el próximo mes de septiembre.