La ley integral contra la violencia de género modificó ese artículo el año pasado para agravar las penas en el caso de que el agresor sea la pareja o ex pareja de la mujer.

El juez que presentó el recurso adujo que podría haber una posible contradicción con el principio de legalidad y proporcionalidad de la sanción penal, al castigar con más fuerza (al hombre) una conducta según quien fuera el sujeto pasivo.

El Tribunal Constitucional, en el auto que acaba de dictar, defiende la legalidad de ese artículo al recordar el "problema social de primera magnitud" que representa la violencia doméstica en España y "la relevancia social y la entidad constitucional de los bienes jurídicos" que protege.