Los hechos arrancan el 4 de octubre de 1999, cuando al guardia civil L.A.C.G., de la Agrupación de Tráfico de Valladolid, le fue notificada una resolución dictada por el alférez del destacamento al considerarle autor de una falta leve consistente en la negligencia en la conservación y uso del material y demás elementos del servicio.

Lo que ocurrió, según Coproper, es que al guardia civil, estando de servicio, se le lvidó su carpeta en el capó del vehículo oficial que conducía y, al arrancar el mismo le cayó al suelo la carpeta y la documentación que contenía, pasándole las ruedas de varios vehículos por encima, cuyos conductores no se percataron de dicha circunstancia.

Por dicha falta se le impuso al agente cuatro días de arresto domiciliario. Con posterioridad, el titular del Juzgado Togado Militar número 41 de Instrucción de Valladolid rechazó una petición de apertura del procedimiento de "hábeas corpus" en faor del guardia civil, que había sido formulado por la asociación Coproper.

Acto seguido, el guardia civil pidió demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que se había vulnerado su derecho a la libertad personal. El fallo de la sentencia del TC reconoce que "se ha vulnerado el derecho fundamental del recurrente a la libertad personal" y le reestablece en su derecho, anulando el auto del mencionado juzgado militar.