Dicha Ordenación entró en vigor el pasado 10 de julio de 2001 para reguar las condiciones de establecimiento y funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación, sus elementos y equipos (antenas), de manera que su implantación no tenga efectos negativos paar la salud y produzcan el mínimo impacto sobre el medio ambiente.

El Gobierno estima que esta normativa excede el marco competencial de las comunidades autónomas y regula un aspecto que es "competencia exclusiva del Estado" y que, según la legislación, afecta al régimen general de comunicaciones, correos y telecomuncacionesa, cables aéreos, submarinos y comunicación.

De hecho, la norma aprobada en Castilla-La Mancha pretende obligar a los operadores a "mantener sus instalaciones en las debidas condiciones de seguridad, estabilidad y conservación", así como a ir incorporando las mejoras técnicas que se vayan produciendo para reducir los niveles de emisión de las antenas de telefonía móvil.

La ordenación autonómica pretende también que sea preceptiva una autorización previa del Plan Territorial de Despliegue e Red por parte del Gobierno autónomo, algo a lo que se opone el Estado por considerar que ésta una competencia suya.

En cambio, una situación similar es la de la regulación de instalación de antenas de telefonía móvil, en el que los alcaldes del Partido Popular integrados en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) han aprobado recientemente una ordenanza marco que asigna a las corporaciones locales las tareas de control y autorización.

Esta ordenanza marco tiene vocación de ser referenci normativa para todos los ayuntamientos y establece la obligatoriedad de los operadores de dar cuenta de sus planes de implantación completos, que deberán ser aprobados por las corporaciones locales y que eliminarán de hecho las negociaciones particulares.

Este texto es producto de un acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con cuya titular, Anna Birulés, los representantes muncipales mantuvieron una reunión el pasado 5 de febrero.

Con esta iniciativa, los ayuntamientos pretendieron curir un vacío legal que se hizo patente a finales del año pasado a raiz de la detección, en un colegio de Valladolid, de varios casos de leucemia en un colegio cercano a una zona de concentración de antenas de telecomunicaciones.

La ordenanza asigna a las corporaciones locales la potestad de conceder las licencias correspondientes para la instalación de antenas, de acuerdo con la legislación urbanística de cada ayuntamiento.