En concreto, el Alto Tribunal acordó formar pieza separada de recusación y designó como instructora del incidente de recusación a la magistrada Laura Díez Bueso, recusada sin éxito por el PP. Asimismo el Pleno dio traslado a las partes personadas, es decir, al Congreso y al Senado, para que en un plazo de tres días manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación propuesta.

Una vez recibidas las alegaciones de las citadas partes, se le dará traslado al magistrado José María Macías para que se pronuncie sobre si acepta o rechaza las causas de recusación. En esta fase, el magistrado también podría proponer prueba si así lo considerase. Recibidas todas estas alegaciones, la magistrada instructora dictará una resolución en la que decidirá sobre la admisión o no del incidente de recusación.

Si fuese admitido, Díez Bueso remitirá toda la documentación a la ponente del incidente de recusación, que es la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas, quien será la encargada de redactar el auto que llevará al Pleno para pronunciarse sobre si debe apartarse o no el magistrado José María Macías Castaño. En caso de que la instructora considerase que debe inadmitirse, finalizaría aquí el incidente de recusación.

La Fiscalía General del Estado sustenta su recusación en que Macías se ha venido oponiendo de manera pública a la amnistía desde su posición de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde lideraba el grupo de vocales conservadores. El Ministerio Público considera que no puede ser el ponente del recurso del PP, ya que como vocal del Consejo tuvo “participación directa” en decisiones tomadas por el órgano de gobierno de los jueces en contra de la norma que ahora debe analizar el Constitucional.

Macías fue el impulsor del informe contrario aprobado por el Consejo contra la ley de amnistía cuando aún no se conocía la redacción de la norma en lo que fue, según la Fiscalía, “una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica” valoración de la ley. Según la Fiscalía, la participación activa de Macías en la aprobación del citado informe del CGPJ es “un acto genuinamente propio del desempeño del cargo público que ostentaba” y con el que “participó directamente en el asunto objeto del pleito o causa” y no de un modo “puramente formal”.

Por todo ello, el Ministerio Público considera que la postura de Macías avala “la inevitable imagen de formación de un sólido prejuicio sobre cada una de las dudas sometidas a la jurisdicción constitucional, que ahora le corresponde ejercer”.