El portavoz de JpD, Miguel Carmona, dijo a Servmedia que, antes de ser suprimidas en los años ochenta, estas tasas hicieron que en los juzgados existiese una corrupción "bastante generalizada,", algo que desapareció "radicalmente" cuando se eliminó este sistema.

Carmona añadió que este procedimiento suponía, además, un "obstáculo añadido al ejercicio de un derecho fundamental", por lo que concluyó que las tasas "no tienen ninguna ventaja y sí muchísimos incovenientes".

En este sentido, rechazó que la reforma introducida por el Gobierno vaya atener un "efecto disuasorio ninguno", puesto que el coste básico de los procesos para las grandes empresas es el derivado de pagar a profesionales como abogados o procuradores.

Además, Carmona indicó que las tasas las pueden acabar pagando los particulares, algo que sucederá si éstos son condenados en costas a pagar un proceso que haya iniciado una gran empresa, que es la que en un principio habrá pagado las tasas.

Al mismo tiempo, el portavoz de JpD censuró que el Ejecutivo haya aprobado esta reorma en el Senado mediante una enmienda, sin haber elaborado un proyecto de ley ni de haberlo sometido a estudio al Consejo General del Poder Judicial.