El secretario de Libertades Públicas, Juan Fernando López Aguilar, y el ortavoz de Justicia en el Congreso, Javier Barrero, denunciaron en rueda de prensa que la implantación de las tasas judiciales y la reducción del número de plazas va en contra del acuerdo firmado entre PP y PSOE.

El PSOE ha pedido la comparecencia parlamentaria del ministro de Justicia, José María Michavila, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, para que den cuenta de los cambios que se están introduciendo.

López Aguilar afirmó que el PP está "defraudando" alos firmantes del Pacto y a la ciudadanía con la aprobación de una serie de enmiendas en el Senado que nada tienen que ver con lo acordado entre ambas partes para la mejora de la Justicia y que "malversan" la función de la Cámara Alta.

El dirigente socialista recordó que su partido eliminó del sistema judicial las tasas en 1986 porque generaban una "desigualdad" entre los ciudadanos y contradecían el principio de "servivio público" que debe prestar la Justicia.

A su juicio, la intención del Gobieno, apoyada desde el Consejo General del Poder Judicial, demuestra una "conexión evidente" entre jueces y populares, y supone la recuperación de una "técnica de carácter represivo y antisocial".

Asimismo, Barrero se refirió la "sobrecarga de trabajo" que existe en los órganos judiciales y que, en su opinión, será "imposible" disminuir con el personal actual. El portavoz socialista afirmó que existen casi dos millones de asuntos abiertos. Según dijo, el CGPJ ha archivado en los últimos doce meses 109 dligencias informativas por falta de medios.

Barrero expuso también que el número de plazas convocadas para jueces y fiscales se está reduciendo desde hace años. En 1988 se incorporaron 114 nuevos trabajadores, mientras que sólo han entrado 57 en lo que va de 2002. Entre los jueces y magistrados del CGPJ ocurre una tendencia parecida. De los 418 de 1999 se ha pasado en 2002 a 139.