El portavoz de JpD, Miguel Carmona, dijo a Servimedia que, antes de ser suprimidas en los años ochenta, estas tasas hicieron que en los juzgados existiese una corrupción "bastante generalizada,", algo que desapareció "radicalmente" cuando se eliminó este sistema.

Carmona añadió que este procedimiento suponía, además, un "obstáculo añadido al ejercicio de un derecho fundamental", por lo que concuyó que las tasas "no tienen ninguna ventaja y sí muchísimos inconvenientes".

En este sentido, rechazó que la reforma propuesta por el PP en el Senado vaya a tener un "efecto disuasorio ninguno", puesto que el coste básico de los procesos para las grandes empresas es el derivado de pagar a profesionales como abogados o procuradores.

Además, Carmona indicó que las tasas las pueden acabar pagando los particulares, algo que sucederá si éstos son condenados en costas a pagar un proceso que haya inicido una gran empresa, que es la que en un principio habrá pagado las tasas.

Al mismo tiempo, el portavoz de JpD censuró que el Ejecutivo haya introducido esta reforma en el Senado mediante una enmienda a la Ley de Acompañamiento, sin haber elaborado un proyecto de ley ni haberlo sometido a estudio al Consejo General del Poder Judicial.