La tasa, según la citada enmienda, tendrá una cuantía fija de entre 90 y 600 euros, más un tipo fijo del 0,5% para demandas de hasta un millón de euros y del 0,25% para todo lo que exceda deesa cantidad, con un máximo de 6.000 euros.

Según fuentes de las Cámaras, "la imposición de tasas judiciales para las empresas que acudan a los tribunales para dirimir sus conflictos no es el medio más adecuado para reducir la litigiosidad y descongestionar los juzgados".

"Esta medida encarecería aún más los procedimientos y discriminaría a las empresas a la hora de acceder a un derecho constitucional como es la administración de Justicia", añaden las Cámaras.

La entidad que preside José Manel Fernández Norniella opina que la Justicia es un servicio público y apunta que la tutela judicial real y efectiva "depende de que todas las personas puedan obtener justicia en igualdad de condiciones".

Para las Cámaras, "existen determinadas situaciones empresariales -como las quiebras o suspensiones- en las que el proceso judicial se convierte en una carga adicional a los gastos que debe afrontar la empresa, especialmente cuando se trata de pequeñas y medianas".

Apuntan, por último, que "la codena a costas, que penaliza ya de por sí, constituye una medida lo suficientemente disuasoria a la hora de litigar".