Su objetivo es permitir el reconocimiento mutuo de las condiciones de discapacidad (y del grado y de las prestaciones concedidas) en todos los estados de la UE, para lo que seguirá el modelo de la tarjeta de estacionamiento europea para personas con discapacidad.

De este modo, los ciudadanos con discapacidad de un país miembro que decidan trasladarse a otro podrán disponer de las mismas ayudas y apoyos que les fueron reconocidos en su país de origen, en especial en los ámbitos de la cultura, el ocio, el transporte y el deporte.

En la actualidad, las personas con discapacidad que se trasladan deben iniciar los trámites de reconocimiento y de solicitud de prestaciones en su nueva residencia, lo que, en la práctica, supone un freno importante a su libertad de circulación en la UE.

ENSAYOS PILOTO

Por ello, la aprobación de la Tarjeta Europea de Discapacidad representará un avance muy relevante a la hora de avanzar en la igualdad de derechos y de oportunidades para este colectivo.

Ya en febrero de 2016, se pusieron en marcha una serie de ensayos piloto sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad en Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Rumanía y Eslovenia, que la Comisión Europea evaluó durante el período 2019-2020. Tras esto, en marzo de 2021, la Comisión adoptó la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030, en la que se comprometió a proponer la creación de la Tarjeta Europea de Discapacidad.

Se trata de una demanda histórica del movimiento social de la discapacidad, que previsiblemente será aprobada de forma definitiva en noviembre, durante la presidencia española de la UE. Distintos miembros del Gobierno en funciones han indicado a Servimedia su determinación a que así sea.

MÁS AMBICIÓN

Con todo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exigió a la Comisión Europea "máxima ambición formal y material” en la regulación de dicha tarjeta, que, a su juicio, debería adoptar la forma de reglamento de la Unión y no de directiva.

"Que el propósito del Ejecutivo comunitario sea ‘de mínimos o de máximos’ dependerá de los términos de la propuesta, que establecerán el alcance, los efectos y las obligaciones del reconocimiento mutuo de las situaciones de discapacidad entre los Estados miembros y ante las instituciones europeas", explicó Cermi.

Resulta “crucial" que la normativa europea "adopte la forma de reglamento de la Unión -el mayor nivel normativo de las disposiciones comunitarias-“, defendió, pues esto implica la aplicación directa de sus preceptos en todos los Estados miembro, sin necesidad de procesos de adaptación o transposición que ralentizan la entrada en vigor y suponen cambios de regulación entre países.