El próximo mes de enero está previsto que se culmine la liberalización de la red telefónica básica, el par de cobre que llega a unos 18 millones de hogares yabonados españoles. En esa fecha debería ser posible para cualquier ciudadano contratar la telefonía fija, llamadas locales incluidas, con un operador distinto de Telefónica.

Eso requiere que Telefónica, titular de la red construida a lo largo de 70 años, alquile la línea que une a cada abonado con la centralita más próxima a la operadora que el usuario decida: Retevisión, Uni2, Aló, operadoras de cable, etcétera. Es decir, el Gobierno tendrá que poner un precio a ese alquiler, cantidad que, en opinió de Solá, "siempre le parecerá poco a Telefónica y mucho a las demás operadoras".

Cuando se conozca esa tarifa, lo que cobrará Telefónica por mantener el llamado bucle de abonado, la actual tarifa plana de horario restringido habrá quedado superada, porque el alquiler de línea fijado por el Ejecutivo determinará en definitiva el coste de la tarifa plana de 24 horas, que en ningún caso podrá ser inferior a ese alquiler.

Actualmente, los operadores que quieran ofrecer tarifa plana en horario reducio deben pagar a Telefónica una tarifa de interconexión (alquiler de la línea en ese horario) de 1.850 pesetas o 2.300 pesetas mensuales, según tengan tramos de red propios (Retevisión, Madritel, etcétera) o no (Aló o Jazztel, por ejemplo), respectivamente.

Este precio de interconexión ha provocado las protestas de los internautas, el Partido Socialista y las operadoras (Retevisión ha iniciado acciones legales) por considerar que el Gobierno asegura el negocio a Telefónica e impide bajar la tarifa plan impuesta a la operadora dominante de 2.750 pesetas, con lo cual cercena toda competencia.

En opinión de la AUI, esta tarifa plana "es algo previo a la apertura del bucle. Cuando se fije ese precio de apertura del bucle es cuando realmente vamos a saber por dónde van los tiros", señaló Solá.