Según un informe del CCU, "la diferencia en las disminuciones de las tarifas eléctricas supone un agravio comparativo entre los usuarios cualificados (un total de 60.000) y los domésticos (un total de 19 millones)".

El CCU, que está integrado por representantes de las once principales asociaciones de consumidores, expresa su "malestar" por el plazo concedido para emitir su dictamen, "siendo el establecimieno de la tarifa eléctrica para el año 2000 un tema tan importante para los consumidores y usuarios".

Tampoco está de acuerdo el Consejo en que se incluyan en el recibo los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), "máxime teniendo en cuenta que su ajuste a la legalidad está pendiente de discusión en las instancias europeas".

En cuanto a las ayudas económicas al sector minero del carbón y los costes de la moratoria nuclear, los consumidores creen que deben pagarlos todos los españoles,través de los Presupuestos Generales del Estado, y no sólo quienes pagan el recibo de la luz.