Las sanciones de 1995 se impusieron al detectar la Inspección a 14.460 trabajadores que cometían fraude en el cobro de seguros y subsidios de desempleo, a los que retiró la prestación, con un ahorro estimado en 11.589 millones de pesetas.

Esto supone un ligero descenso en el afloramiento de este tipo de fraude, ya que en 1994 fueron descubiertos 20.296 defraudadores, lo que acarró un ahorro de 14.493 millones.

Asimismo, la actuación de la Inspección permitió que 51.780 trabajadores que operaban en la economía sumergida fueran dados de alta por la Seguridad Social, lo que supuso unos ingresos adicionales de 16.905 millones de pesetas, frente a los 15.805 millones de pesetas recaudados por la misma vía en 1994.