La magistrada tiene ahora tres días para aceptar o no la recusación, aunque el presidente de la sala, José Presencia, señaló que Carmen Llombart podía pronunciarse hoy mismo y así agilizar el proceso.

Si Carmen Llombart Pérez renuncia a su participación en el juicio se designará un sustituto en los próximos días y la vista se reanudará la próxima semana.

Los afectados, tras escuchar hoy la decisión del tribunal, fueron desalojados de la Audiencia mientras proferían gritos e protesta en contra de la justicia. Las asociaciones de damnificados Afiva y Apemeda denunciarán el nuevo retraso ante el Defensor del Pueblo.

El presidente de Afiva, Javier Sierra, manifestó que "no se puede pedir calma en estos momentos" y que el nuevo retraso de la vista es "una tomadura de pelo que debe tener un motivo oculto".

TERCER JUICIO

Este es el tercer juicio que se celebra por el caso de la presa de Tous. El primero se celebró en 1987 y se suspendió porque la acusación pidió el proesamiento de uno de los testigos, concretamente de Juan Sancho-Tello.

La segunda vista fue en 1989, pero la sentencia, hecha pública en octubre de 1990, fue anulada el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo, tras ser recusado uno de los magistrados que formaba parte del tribunal.

En el tercer juicio, aún sin fecha, se va a juzgar a los ingenieros Salvador Madrigal y Jesús María González como presuntos autores de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte y daños. También sesentará en el banquillo, en relación a los mismos hechos, el ex comisario de Aguas del Júcar Juan Sancho-Tello.

El fiscal solicita una pena de dos años de prisión menor para Madrigal, otra de un año para González y la absolución para Sancho-Tello.

Los hechos de los que trata la vista ocurrieron el 20 de octubre de 1982, cuando la presa del pantano de Tous (Valencia) se desmoronó a causa de las fuertes lluvias, provocando la muerte de ocho personas y daños a varios pueblos de la comarca valencianade La Ribera, valorados en torno a los 50.000 millones de pesetas.

En la actualidad son 31.700 los damnificados que piden justicia, 8.200 más que en el anterior juicio, y de ellos 4.428 han renunciado a la indemnización judicial y se han acogido a la indemnización que ofrece el Gobierno por el real decreto de compensaciones.