Los magistrados de la Sección Primera acordaron antes de celebrar la vista oral estudiar las cuestiones previas planteadas por la defensa del comisario que representa el abogado, Francisco Baena Bocanegra.

El letrado de José Peinado consideró que ha existido indefensión de su cliente yestima que las grabaciones de las conversaciones telefónicas son pruebas nulas y violan derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

El fiscal, Arcadio Martínez, rechazó estos planteamientos de la defensa y argumentó que las escuchas telefónicas son legales porque se realizaron bajo mandato judicial una vez detectada la existencia de delito grave.

Martínez aseguró que en ningún momento ha existido indefensión porque la defensa siempre ha tenido acceso a todas las actuaciones, aunque reconció que la denuncia se le comunicó tarde al acusado.

El fiscal solicita por este presunto delito de fraude una pena de 8 años de inhabilitación especial para ejercer cualquier función pública y una multa de 15 millones de pesetas.

Según el ministerio fiscal, José Peinado y su socio en la empresa de suministros eléctricos consiguieron unos beneficios netos de más de 14 millones de pesetas entre los años 1987 y 1991, a través de los contratos firmados con la Jefatura Provincial de Policía de Sevill.