La vista ha sido suspendido al presentar la abogada de los acusados, Florentina Carrasco, una carta de tres diputados regionales en la que estos se declaraban coautores de los hechos.

Los diputados citados son Julio Setién, Virginia Díaz y Carlos Paino, todos ellos de Izquierda Unida (IU), que se encontraban presentes en el lugar de los hechos cuando estos se produjeron.

En opinión de la letrada, el juicio deberá celebrarse en el Tribunal Superior de Justica de Madrid, debido a la condición de aforados de los diputados.

La empresa explotadora de Trillo cifró en más de 100 millones de pesetas las pérdidas derivadas de la acción, que logró detener durante casi dos horas el transporte de una pieza que pesa más de 400 toneladas.

La estimación de la empresa fue calificada de desproporcionada por parte de Aedenat y Comaden, ya que se trató, a su modo de ver, de una acción pacífica que en ningún momento puso en peligro ni la integridad física ni los biene de ninguna persona física o jurídica.

El objetivo de la acción era protestar contra el uso de la energía nuclear y denunciar problemas de seguridad en la central de Trillo. Asimismo, los ecologistas critican que la pieza sustituida en la nuclear será pagada por los ciudadanos a través del recibo de la luz.