En un comunicado sobre la cuestión, la asociación judicial explica que "un concepto tan poco técnico pretende encubrir, sin conseguirlo ante los sectores partidarios de la sanción penal del aborto en todo caso, una verdadera Ley de Plazos".

Con el nuevo supuesto propuesto por el Gobierno, señala Jueces para la Democracia, "ni se evita la reacción social de oposición de dichos sectores ni se soluciona el problema de fondo, degradando la dignidad de la mujer que se ve sometida de nueo a depender de un criterio ajeno, difícilmente objetivable, y se ve privada de su derecho a asumir su propia decisión".

La asociación considera que la solución jurídica a la IVE "únicamente puede alcanzarse a través del sistema de plazos, que es el que proporciona una mayor seguridad jurídica para la mujer, el que elimina la producción de abortos clandestinos y el que evita definitivamente los problemas de interpretación que ocasionan procesos esperpénticos; al mismo tiempo, que respeta los principio constitucionales de dignidad de la mujer y valoración de la vida en formación, ponderando ambos intereses y haciendo prevalecer cada uno de ellos en función de lo avanzado de la gestación".