LA SUPRESION DE LA PRESTACION POR DESEMPLEO EN LOS DESPIDOS PROCEDENTES AFECTARIA A MAS DE 7.000 TRABAJADORES CADA AÑO

MADRID
SERVIMEDIA

Más de 7.000 trabajadores perderán la prestación por desempleo cada año si el Gobierno suprime el derecho al cobro de esta prestación en aquellos despidos calificados como procedentes por los juzados de lo social, tal y como ha propuesto el Ejecutivo a los agentes sociales dentro de las negociaciones del pacto social.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 1992 un total de 7.739 trabajadores fueron despedidos con sentencias de los juzgados de lo social desfavorables para ellos, 590 personas más que el año anterior.

Los despidos procedentes han oscilado en los años ochenta y noventa entre algo más de 6.000 y cerca de 8.000, alcanzándose el máximo el año pasado y el mnimo en 1989, con 6.176 despidos con sentencia desfavorable al trabajador.

Los últimos datos de Trabajo disponibles apuntan a que en 1993 los despidos procedentes superarán los registrados en 1992. Así, en el primer trimestre del año 2.293 trabajadores fueron despedidos de manera procedente, 448 más que en el mismo período de 1992, lo que supuso un aumento del 24 por ciento.

En cualquier caso, los trabajadores que perderán la prestación por desempleo si el Gobierno aplica finalmente las medidas qe ha propuesto a sindicatos y empresarios en materia de desempleo serán muchos más de 7.000 al año, ya que no sólo afecta a los despidos procedentes.

La pretensión del Gobierno es suprimir la protección por desempleo también a los trabajadores que pierdan el empleo por negarse a aceptar la movilidad geográfica o quienes abandonen su puesto debido a modificaciones sustanciales en sus condiciones de trabajo.

EFECTOS "TERRIBLES"

Un miembro del Gabinete Técnico de CCOO señaló a Servimedia que la apicación de estas medidas sería "terrible, además de por el dinero que pierden los trabajadores, porque supone violentar la discrepancia del empleado con la empresa".

Esto supone, a juicio del técnico de Comisiones, que "cualquier trabajador que vaya a discrepar con la empresa en aplicación de los derechos de organización del trabajo, automáticamente tiene una penalización, con lo que se violentan las relaciones entre empleados y empresa dentro del propio centro de trabajo".

El Gabinete Técnico deCCOO permanece reunido durante todo el día de hoy con abogados para analizar el alcance de los documentos entregados por el Gobierno a los sindicatos el pasado jueves, al igual que el de UGT. Los técnicos de ambos sindicatos estarán en contacto para aunar criterios.

(SERVIMEDIA)
06 Sep 1993
NLV