Fue el pasado 10 de marzo cuando la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió archivar las diligencias abiertas para investigar el asesinato de Couso.

Los magistrados alegaron que "no se trata de un acto intencional doloso de causar la muerte de dos personas civiles protegidas, sino de un acto de guerra realizado contra enemigo aparente erróneamente identificado". Es decir, no fue "adrede", dice la resolución que estudiará el Supremo.

Para los jueces de la Audiencia Nacional, el asesinato de ambos periodistas se enmarca en un "contexto de guerra violenta y peligrosa", entre las tropas estadounidenses y la Guardia Republicana de Iraq, que libran una batalla para la toma de Bagdag.

Según la resolución de la Audiencia Nacional, las tropas norteamericanas pensaron que en el Hotel Palestina había una unidad iraquí que actuaba contra ellas y, tras su "aparente localización, realizada a gran distancia", le dirigieron un "único y directo disparo (...), con tan mala fortuna que en el punto al que se dirigió el proyectil se encontraban los dos camarógrafos fallecidos".

Los jueces concluyeron que "el disparo del tanque norteamericano se dirigió específicamente contra una unidad erróneamente identificada como combatiente".

Para la Audiencia Nacional, no fue un ataque indiscriminado, al estar dirigido contra ese objetivo militar concreto, y tampoco fue excesivo, sino "proporcional y limitado al punto que ponía en riesgo a las unidades norteamericanas".

ESPAÑA NO TIENE JURISDICCIÓN

Por otra parte, argumentaron que tampoco se dan los requisitos que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que la jurisdicción española se haga cargo de este caso, ya que, entre otras cosas, los hechos no se produjeron en territorio ni en buques o aeronaves españoles, y los imputados son extranjeros.

Será el próximo 5 de diciembre cuando el Tribunal Supremo examine el caso y determine si avala los argumentos esgrimidos por la Audiencia Nacional para archivar la causa.

En este caso se encontraban imputados tres militares estadounidenses: el sargento Thomas Gibson, que fue la persona que disparó desde el tanque contra el Hotel Palestina; el capitán Philip Wolford, que autorizó la acción; y el teniente coronel Philip De Camp, que ordenó el ataque contra el hotel.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, encargado del caso, les imputaba un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato.

Sin embargo, asumiendo el criterio de sus superiores jerárquicos, Pedraz tuvo que archivar la causa, tal y como pedía la Fiscalía de la Audiencia Nacional, alegando falta de jurisdicción española.