Los 16 magistrados que componen la Sala Especial del Supremo estudiarán los informes que el abogado del Estado, el Ministerio Fiscal y los letrados de Batasuna han remitido a este respecto.

Concretamente, versan sobre el contenido del informe de los expertos designados por el tribunal para llevar a cabo las actuaciones de liquidación patrimonial de dichos partidos, proceso que se inició tras la sentencia de ilegalización de los mismos, dictada el 27 de marzo de 2003.

La Fiscalía del Tribunal Supremo no es partidaria de proceder al embargo de bienes de las "herriko tabernas", salvo que se acredite la vinculación de las mismas con la ilegalizada Batasuna. Para el Ministerio Público, a día de hoy no hay "pruebas suficientes que acrediten su efectiva vinculación" con el partido liderado por Arnaldo Otegi.

Por su parte, el abogado del Estado pide al Tribunal Supremo que se hagan más comprobaciones respecto a la vinculación de Batasuna y las "herriko tabernas" antes de proceder a liquidar sus bienes.

Estos informes fueron solicitados por el Tribunal Supremo el pasado 23 de octubre, cuando dictó un auto por el que ordenó entrar en las "herriko tabernas" para inventariar sus locales y enseres, una medida que forma parte de la ejecución de la sentencia de ilegalización de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

TITULARIDAD APARENTE

En aquella resolución, el Supremo señala que una de las conclusiones "capitales" del informe pericial de los expertos versa "sobre la necesidad de entender la liquidación patrimonial del partido Batasuna, ilegalizado y disuelto por la sala, así como de los partidos o plataformas que constituyeron sus precedentes políticos inmediatos, también declarados ilegales en rebeldía, a los bienes y derechos de la titularidad aparente de terceros".

El Supremo señala que la conclusión de los liquidadores "reside en la existencia de numerosos bienes y derechos que, formalmente ostentados por determinadas asociaciones culturales y, en algunos casos, sociedades mercantiles, que aparecen como titulares de las denominadas herriko tabernas (...) pertenecerían en realidad, material y efectivamente, a la propia Batasuna".

Además, los expertos tienen en cuenta los informes policiales que, "en gran medida", han servido de fundamento, en la sentencia de ilegalización de Batasuna, "para sustentar la prueba de la vinculación existente entre ETA y Batasuna".

"Este valor indiciario, pero intensamente revelador, de que el patrimonio de las herriko tabernas, con independencia de su titularidad formal, está afecto a los fines propios del partido ilegal Batasuna (...) hacen aconsejable la adopción de determinadas medidas directas e inmediatas sobre dicho patrimonio que prevengan el riesgo de desaparición del objeto material de la ejecución patrimonial", dice el Supremo. Tras conocer la decisión del Supremo, el juez Garzón remitió un escrito al Alto Tribunal en el que le pregunta si debe mantener la administración judicial de las "herriko tabernas" decretadas en el sumario 35/02, en el que se investiga la supuesta relación de la ilegalizada Batasuna con ETA y la presunta financiación de la banda terrorista a través de dichos locales.

La citada Sala Especial, regulada por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ) está integrada por el presidente del Alto Tribunal, los de las cinco salas que lo componen (Penal, Social, Militar, Contencioso-Administrativo y Civil), así como el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.