El Supremo comenzó el pasado 12 de marzo a estudiar el recurso contra la sanción que el CGPJ impuso a Pilar Rámirez en enero de 2000, pero los magistrados no llegaron a ninguna conclusión, por lo que continuaron sus deliberaciones al día siguiente, también sin resultado definitivo. La de hoy será la tercera reunión para analizar el caso.

El pleno de CGPJ reunido el 26 de enero de 2000 decidió también suspender a Pilar Ramírez durante un año por no advertir al Poder Judicial de la incompatibilidad para ejercer en Marbella, algo a lo que estaba obligada al residir allí familiares suyos con intereses económicos en la zona y tratarse de una ciudad con menos de 100.000 habitantes.

El caso de Pilar Ramírez tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, dado que estuvo relacionado con la tramitación del "caso Atlético" en Málaga, investigado or la Fiscalía Anticorrupción. Fue precisamente este departamento el que la denunció ante el máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados, al acusarla de falta de imparcialidad, entre otras cosas.

Las actuaciones del CGPJ contra Pilar Ramírez se iniciaron a petición del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, quien presentó una denuncia en la que relacionaba a la familia de la juez con el alcalde de Marbella, Jesús Gil, y a éste con la mafia italiana.

Esta denuncia de Jiménz Villarejo, quien acusaba a la juez Ramírez de falta de imparcialidad y de enemistad manifiesta, fue presentada después de que la magistrada dictase una resolución afirmando que el juez instructor del "caso Gil", Santiago Torres, había incumplido las normas de reparto de las causas judiciales.

Con esa resolución, la juez decana dio la razón a Jesús Gil, para quien Santiago Torres y el fiscal Anticorrupción del caso, Carlos Castresana, habían diseñado una "actuación combinada" para investigar la causa en lugar de enviarlo a reparto, como correspondía.