El pasado mes de septiembre, Gil se querelló contra Alumnia por decir, entre otras cosas, que su partido (Grupo Indepediente Liberal) es una formación integrada por "personas que lo único que persiguen es corromper las instituciones y ganar dinero", o que se trata de una "organización mafiosa", al servicio de "intereses privados de una persona y que utiliza métodos radicalmente contrarios a los usos democráticos".

En cuanto a Jáuregui, Gil lo demandó por decir que si el GIL "ha comprado la voluntad de una concejal del PSOE en Ceuta, se trata de un caso de suma gravedad".

Para el Supremo, estas manifestaciones noconstituyen un delito de calumnias, porque para esto es necesario imputar "hechos (punibles) concretos contra personas concretas".

Asimismo, el Alto Tribunal rechaza que las declaraciones de Alumnia y Jáuregui constituyen un delito de injurias, "porque las manifestaciones objeto de la querella quedan justificadas por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en su modalidad de comunicación de pensamientos, ideas u opiniones" recogido en el artículo 20 de la Constitución Española.

Segúnel Supremo, el derecho a la libre opinión "tiene su máximo alcance precisamente en el ámbito de la vida pública, máxime cuando quienes lo ejercen tienen una representación cualificada en el seno de un determinado partido, y más aún cuando se produce con ocasión de una disputa entablada entre diferentes grupos de representación popular [...] en un particular y conocido ambiente de tensión y enfrentamiento".