Por lo tanto, y en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió que se estimase el recurso del juez, el Tribunal Supremo investigará a Garzón por la presunta comisión de un delito de prevaricación, en el que habría incurrido durante su investigación de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Esto quiere decir que el Tribunal Supremo citará a Garzón para que declare en calidad de imputado ante el instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela.

En el auto hecho público hoy, del que ha sido ponente el magistrado Adolfo Prego, la Sala Segunda del Tribunal Supremo critica que el recurso de Garzón se centrase en el fondo de la causa, es decir, en defender que no cometió ningún delito de prevaricación, cuando la admisión a trámite de una querella se centra únicamente en valorar los requisitos formales.

Para los magistrados, el recurso de Garzón está "en buena parte construido como si tratara de un recurso contra una previa declaración de responsabilidad criminal" y, por lo tanto, entienden que "numerosas consideraciones" hechas por el recurrente "quedan fuera del ámbito de la cuestión" y son "prematuras".

En este sentido, los magistrados aclaran que la decisión de iniciar un proceso contra Garzón se adopta no porque el juez "sea responsable de un delito", sino precisamente para poder "determinar con garantías si es o no responsable".

Es decir, que al admitir a trámite la querella contra Garzón, la Sala se limitó a realizar una "valoración de los requisitos formales y de fondo establecidos por la Ley". En este sentido, el auto indica que la querella de Manos Limpias cumplió todos los requisitos formales para ser admitida a trámite.

ACUSACIÓN VEROSÍMIL

En resumen, los magistrados critican que Garzón dedique su recurso a negar "la efectiva comisión de un delito de prevaricación", cuando precisamente el proceso iniciado en el Tribunal Supremo contra él está destinado a comprobar este extremo.

Por último, los magistrados reiteran que la acusación vertida en la querella contra Garzón -en la que se le acusa de prevaricación por "mantener un procedimiento a conciencia de no ser competente"- no es "inverosímil" ni carece de base.

El responsable de la querella, el sindicato Manos Limpias, pide 20 años de inhabilitación para Garzón, así como que se suspenda temporalmente al magistrado mientras se tramita el proceso penal, algo que ahora deberá decidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).