El Alto Tribunal ha entendido que el Estado sólo debe hacer frene a este tipo de reclamaciones cuando se demuestre que la persona que ha permanecido en prisión preventiva no tuvo participación alguna en el delito del que se le acusaba o cuando se haya acreditado que no existieron los hechos denunciados.

En el caso de la reclamante, M.G.R., fue absuelta por falta de pruebas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en un juicio por tráfico de drogas. La mujer pedía el pago de una indemnización por daños y perjuicios de 387.953,31 euros por entender que u estancia en la cárcel fue un error atribuible a la Administración de justicia.

La Audiencia Provincial de Tenerife absolvió a M.G.R porque no llegó a probarse que la heroína incautada por la policía fuese de la mujer ni que ésta conociese su existencia o que ayudase al dueño de la droga.

La reclamación de esta mujer ya fue desestimada por una resolución del Ministerio de Justicia en julio de 1996 y por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en novembre de 1998.