El Alto Tribunal señala que para exigir responsabilidad a la Administración debe darse una falta de información al paciente sobre los riesgos de la intervención, que el centro sanitario haya empleado una técnica incorrecta o que la lesión fuese producida por alguna otra circunstancia que se diera n el quirófano durante la operación.

El Supremo entiende que en este caso no se da ninguna de estas condiciones y afirma que la actuación de los médicos vino "forzada por la voluntad de la paciente", quien, pese a haber sido advertida de los riesgos de paraplejia o muerte que conllevaba la operación, "insistió y solicitó la intervención", estando los padres presentes.

El Alto Tribunal considera probado que, aunque no quede constancia escrita, padres y enferma consintieron, delante de los médicos,en realizar la operación, por lo que dieron su autorización, pese a las recomendaciones en contra.

Los padres de la joven solicitaron una indemnización por la lesión medular y paraplejía que le produjo la intervención, realizadas en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, petición que fue denegada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la capital y ratificada ahora por el Supremo.