Según el Supremo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el deber del presidente del tribunal de preguntar a los procesados, terminados los informes de las acusaciones y defensas, si tienen algo más que manifestar y, a continuación, el deber de conceder la palabra al reo que conteste afirmativamente.

Este paso no se produj en el juicio que se celebró contra José Antonio B.L. por delitos de violencia, lesiones, agresión, sexual, contra la integridad moral y amenazas contra su pareja de hecho.

"Este último trámite del plenario no puede ser suprimido sin lesionar gravemente el derecho fundamental a la defensa que garantiza a todos el artículo 24.2 de la Constitución Española", dicen los magistrados.

Antonio B.L. fue llevado a juicio después de que, presuntamente, golpeara a su pareja, le produjera cortes con un cuchilo y diversas lesiones que precisaron su hospitalización durante algunos días.

Supuestamente, la paliza comenzó después de que la víctima hubiese llevado a las niñas al colegio y durante la misma le interrogó sobre con quién se había acostado y la agredió sexualmente.

Cuendo el presunto agresor le dijo que fuera a recoger a las niñas al colegio, la víctima se dirigió a un hospital, donde tuvo que ser intervenida en el quirófano de las heridas. Durante la convalecencia, el acusado la amenazó con trarla por la ventana y quitarle a las hijas. Además, supuestamente, la coaccionó telefónicamente en varias ocasiones.

Ahora, un nuevo tribunal y nuevos jueces deberán valorar los hechos denunciados, las pruebas que se presenten y determinar si condenan o eximen de reponsabilidad al acusado.