Vargados, actual presidente de la Coordinadora Properjudicados por la Gestión de Luis Roldán y la Corrupción (COPROER), fue el último guardia expulsado del Cuerpo por sus actividades sindicales y el segundo en conseguir una sentencia favorable de un alto Tribunal.

Estuvo en la cárcel durante tres meses, entre enero y abril de 1991, tras lo cual fue sobreseida la causa judicial que se seguía contra él. Tras esta decisión de los tribunales, el entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, le incoó un expediente gubernativo que se resolvió en agosto de 1994 con la expulsión del Cuerpo.

El guardia rcurrió la expulsión ante el Tribunal Supremo por despido improcedente, por la vía contencioso administrativa, recurso que ha quedado resuelto a su favor.

Por el momento, ningún representante del ministerio se ha puesto en contacto con Vargados, que está a la espera de que su reingreso en el Cuerpo se haga efectivo.

Paralelamente a este proceso y en nombre de la asociación a la que pertenece, presentó un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por los impedimentos que tenían en el Reistro de Asociaciones para inscribir la Asociación 6 de Julio de Guardias Civiles. Este contencioso fue resuelto a favor de los demandantes en julio de 1994, tras lo cual la asociación pudo ser inscrita en el Registro.

Anteriormente, Joaquín Parra Cerezo, líder del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, consiguió que la Sala Primera del Tribunal Constitucional anulara la resolución de expulsión dictada contra él por el Ministerio de Defensa en junio de 1990.

Existen aún varias decenas de guardis civiles expulsados por sus actividades sindicales, prohibidas por ley a este Cuerpo por su carácter militar.

Aunque estos expulsados han intentado iniciar negociaciones globales con la Administración para conseguir su reingreso masivo, los responsbles de la Benemérita siempre se han negado. De hecho, hace unos meses el director general de la Guardia Civil, Ferrán Cardenal, descartó la posibilidad de que se produzca la readmisión de los expulsados y negó al existencia de negociaciones en este sentidocon los afectados.