El asegurado, Santiago Alija, había contratado un seguro de vida por valor de 12 millones el 23 de febrero de993. Cinco meses después, falleció al herirse con un cuchillo en la femoral, después de protagonizar una "situación de gravísima violencia en la que el mencionado privó de vida a su esposa".

Los abuelos, en calidad de tutores de los dos hijos menores del matrimonio, reclamaron el importe del seguro, pero AGF Unión-Fénix se negó, alegando que la causa de la muerte del asegurado fue el suicido, lo que, al haberse producido dentro del primer año de vigencia de la póliza, liberaba a la compañía de pagar. Sin embargo, el Supremo señala que el suicidio es "la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado", es decir, "queriendo y con perfecta consciencia de ello", lo que no ha quedado probado.

Con este argumento, el Supremo confirma la sentencia dictada en su día por la Audiencia Provincial de Palencia el 19 de mayo de 1995, por la que se obligaba a la aseguradora a pagar el capital de la póliza contratada por el fallecido.