La querella fue presentada el pasado 6 de julio contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los miembros del Consejo de Ministros, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Patxi López, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, y el coordinador de la Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar.

Asimismo, se presentó después de que el presidente del Gobierno anunciase una reunión entre Patxi López y Batasuna, encuentro que tuvo lugar el pasado 6 de julio en el Hotel Amara Plaza de San Sebastián.

Los magistrados del Supremo señalan que "los datos que ofrece el querellante en su escrito no son susceptibles de incardinarse en los tipos penales que cita, ni en ningún otro".

Dice el Supremo además que "el ejercicio del control judicial sobre la actuación de los otros poderes del Estado -y concretamente sobre la actuación del ejecutivo- nunca podrá realizarse haciendo abstración de la primacía que tiene el principio democrático en el sistema constitucional".

Recuerdan los magistrados que esa primacía se recoge en el artículo 66.2 de la Constitución Española, según el cual las Cortes Generales, que representan al pueblo español, son las que "controlan la acción del Gobierno".

Para el Alto Tribunal, "vendría a ser un fraude constitucional que alguien pretendiese, mediante el ejercicio e la acción penal y la puesta en marcha de un proceso de la misma naturaleza, corregir la dirección de la política interior o exterior que el artículo 97 de la Constitución Española encomienda al Gobierno democráticamente legitimado".

En cuanto al delito de desobediencia, imputado por haberse reunido con personas que pertenencen a una organización ilegalizada por el Tribunal Supremo, Batasuna, dice el Supremo que "sin orden expresa, no puede existir negativa abierta a su cumplimiento".