El Alto Tribunal contesta así a la querella interpuesta por noventa trabajadores de la empresa propiedad de la familia Rato, quienes acusaron a la dirección de la misma de un presunto delito de alzamiento de bienes al decretar la liquidación de la sociedad, que afecta a 120 trabajadores.

No obstante,el Supremo desestima que sea esta instancia quien debe juzgar este asunto, a la vista de falta de datos y presuntos hechos delictivos relacionados con Rodrigo Rato, que tiene carácter de aforado por su condición de diputado y de vicepresidente segundo del Gobierno.

De hecho, el Supremo no decide sobre la existencia o no de delitos, sino que acuerda remitir toda la investigación al juzgado de instrucción ubicado en la localidad madrileña de Leganés (donde radica el domicilio social de REBECASA), para qe se continúe con las investigaciones.

En el auto hecho público hoy se subraya que es preciso que desde ese juzgado "se practiquen las diligencias necesarias encaminadas a la determinación de los hechos, así como de las personas eventualmente responsables de los mismos, si los mismos fuesen efectivamente constitutivos de delito".

Igualmente, el escrito del Supremo niega al juzgado de Leganés la posibilidad de "practicar diligencia alguna que tuviere como finalidad la investigación de la posible rsponsabilidad del querellado sometido a la competencia de esta Sala (Rodrigo Rato), remitiendo las actuaciones sólo en caso de que, a su entender, se dedujesen indicios de criminalidad contra el aforado".

Por ello, la Sala del Supremo se muestra incompetente para instruir este caso a la espera de nuevos datos que le pueda remitir el juzgado de Leganés, a donde ya ha sido remitida la querella para ser investigada por la justicia ordinaria.

REBECASA, dedicada a la fabricación y distribución de prodctos Trinaranjus, presentó el 13 de noviembre pasado un expediente de suspensión de pagos ante el juzgado de primera instancia de Leganes (Madrid), con una deuda acumulada de 2.700 millones de pesetas.

REBECASA tenía formalizado un contrato de distribución con la empresa CITERSA hasta el año 2007, pero ésta última rompió el acuerdo de forma unilateral al ser comprada esta última por la multinacional Cadbury-Schweppes.