La familia de Publio Cordón reclamaba la responsabilidad patrimonial del Estado, alegando que un "funcionamiento anormal de la Administración" permitió en 1992 la fuga de la cárcel de uno de los miembros de los Grapo, Fernando Silva Sande, que presuntamente participó en el secuestro del empresario.

Así, sostenía que la omisión de la Administración Penitenciaria, que no custodió debidamente a Fernando Silva Sande, es causa del secuestro.

Esta tesis ya fue rechazada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional en un fallo que ha sido confirmado ahora por el Tribunal Supremo.

Dicen los magistrados del Alto Tribunal que la fuga de Fernando Silva Sande "no guarda conexión temporal" con el secuestro, ocurrido tres años después.

Tampoco tiene una relación causal. "No se realizó con ocasión, motivo o como consecuencia de la misma ni constituye presupuesto necesario para llevarlo a efecto, sino que tiene lugar tres años después y en el marco de actuaciones de la organización terrorista en ese momento y no el de la fuga", explican.

Para los magistrados del Alto Tribunal, "es la actuación de la organización terrorista como tal, sin específica consideración de alguno de los miembros participantes, la que aparece como único elemento determinante en la realización del hecho delictivo".