Los hechos que han dado lugar a la sentencia, conocidos como "la guerra del bonito", se produjeron en junio de 1994, cuando los boniteros españoles se enfrentaron a los armadores franceses, a quienes acusaban de utilizar redes ilegales, de una longitud superior a la permitida por la Unión Europea.

De hecho, los pescadores españoles apresaron uno de los cincobuques franceses, "La Gabrielle", y lo remolcaron hasta Burela (Lugo) para que las autoridades competentes constatasen las ilegalidades de los barcos galos.

Según los armadores franceses, durante el conflito sus barcos sufrieron daños por valor de más de un millón de euros, de lo que culpa al Estado español. Sin embargo, el Supremo insiste en que este caso es "una cuestión litigiosa entre particulares".

"Resulta patente que en modo alguno cabe inferir, ni de lejos, que esos daños sean imputables l Estado español", dicen los magistrados del Tribunal Supremo, quienes sostienen que tanto la armada francesa como la española "actuaron como el sentido común aconseja".

En este sentido, señalan que "prudencia exquisita y sensatez son los significantes que expresan el modus operandi de una y otra nave de la marina de guerra", que trataron de reducir "al mínimo las consecuencias de una verdadera riña tumultuaria entre particulares, nacionales de dos estados de la Unión Europea, que se produjo en alta mr".