EL SUPREMO INTENTARA DETERMINAR MAÑANA, EN SU QUINTA REUNION, SI LA EXPULSION DE LA JUEZ RAMIREZ FUE CORRECA

MADRID
SERVIMEDIA

Los magistrados del Tribunal Supremo se reunirán mañana por quinta vez para intentar determinar si fue correcta la decisión del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de expulsar de la carrera judicial a Pilar Ramírez, ex juez decana de Marbella, por haber tramitado asuntos relacionados con su familia, en vez de abstenerse.

Los miembros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo encargados de este caso deberán llegar a una conclusin sobre el recurso presentado por Pilar Ramírez contra la sanción que el CGPJ le impuso en enero de 2000.

Los jueces del Alto Tribunal se reunieron para deliberar su decisión los días 12, 13 y 20 de marzo y 2 de abril sin llegar a resultado alguno.

El pleno del CGPJ reunido el 26 de enero de 2000 decidió también suspender a Pilar Ramírez durante un año por no advertir al Poder Judicial de la incompatibilidad para ejercer en Marbella, algo a lo que estaba obligada al residir allí familiares suyos on intereses económicos en la zona y tratarse de una ciudad con menos de 100.000 habitantes.

El caso de Pilar Ramírez tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, dado que estuvo relacionado con la tramitación del "caso Atlético" en Málaga, investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Fue precisamente este departamento el que la denunció ante el máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados, al acusarla de falta de imparcialidad, entre otras cosas.

Las actuaciones del CGPJ conta Pilar Ramírez se iniciaron a petición del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, quien presentó una denuncia en la que relacionaba a la familia de la juez con el alcalde de Marbella, Jesús Gil, y a éste con la mafia italiana.

Esta denuncia de Jiménez Villarejo, quien acusaba a la juez Ramírez de falta de imparcialidad y de enemistad manifiesta, fue presentada después de que la magistrada dictase una resolución afirmando que el juez instructor del "caso Gil", Santiago Torres, había incmplido las normas de reparto de las causas judiciales.

Con esa resolución, la juez decana dio la razón a Jesús Gil, para quien Santiago Torres y el fiscal Anticorrupción del caso, Carlos Castresana, habían diseñado una "actuación combinada" para investigar la causa, en lugar de enviarla a reparto, como correspondía.

(SERVIMEDIA)
08 Abr 2002
VBR