En un auto hecho público hoy, el magistrado ordena la incoación de las diligencias previas, tras estudiar la documentación remitida el pasado 7 de febrero por el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, y advierte de las "características que hacen presumir la existencia de una infracción penal" en la actuación del senador.

El escrito dispone que se dé cuenta al residente de la sala, Enrique Ruiz Vadillo, y al ministerio fiscal de la apertura de diligencias para determinar "la naturaleza de circunstancias" de los hechos que se le imputan al senador de HB y decidir el procedimiento a aplicar.

Según fuentes del Tribunal Supremo, Iruin no será llamado a declarar como inculpado, ya que esto sólo se puede hacer una vez contemplados los indicios de criminalidad y tras pedir el suplicatorio correspondiente a la Cámara Alta.

El escrito señala que la resolución n es firme y puede recurrirse en un plazo máximo de tres días.

Iñigo Iruin fue denunciado por dos empresarios guipúzcoanos, que le reconocieron como la persona que les concertó varias citas con un cobrador del denominado "impuesto revolucionario" de la banda terrorista ETA.