De este modo, podría concluir en breve el proceso contra el nombramiento de Hernández, que se prolonga desde hace dos años. Tras su designación como fiscal general del Estado, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Unión Judicial Independiente presentaron sendos recursos, por considerar que el nombramiento no se ajustaba a la realidad.

A su juicio, incumplía elrequisito establecido por el Estatuto del Ministerio Fiscal en el sentido de que el fiscal del Estado tiene que haber ejercido efectivamente como jurista durante más de quince años.

Para dichas asociaciones, no puede ser computado como ejercicio efectivo de jurista los siete años en Hernández ocupó los cargos de gobernador civil y delegado del Gobierno en Canarias.

El proceso contra el nombramiento de Hernández, que ahora se aproxima a su fin, estuvo marcado por la polémica fuera y dentro del Triunal Supremo, donde los magistrados de la Sala Tercera se opusieron a la pretensión de su presidente, Angel Rodríguez, de que los recursos fueran resueltos por la sección séptima en lugar de por los 33 magistrados que conforman el pleno.