A juicio de los recurrentes -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Unión Judicial Independiente (UJI) y la Asociación de Fiscales-, la designación de Hernández para ese cargo fue ilegal, ya que no cumplía con todos los requisitos establecidos por el Estatuto del Ministerio Fiscal.

En concreto, las críticas de las asociaciones se centraron en el incumplimiento por parte del anterior fiscal general de la condición exigida por el estatuto de la carrra de haber ejercido efectivamente como jurista durante 15 años.

En su opinión, Hernández no reunía ese requisito ya que no podían ser computados como ejercicio efectivo de la carrera judicial los 7 años en que ocupó los puestos de gobernador civil y delegado del Gobierno en Canarias y que el Gobierno tuvo en cuenta como comisión de servicios especiales para nombrarle fiscal general.

El proceso contra el nombramiento de Hernández, que se prolonga ya desde hace dos años, no se ha visto paralizado or el cese de éste, acordado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de mayo, ya que las asociaciones implicadas no han renunciado a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso.

Su desarrollo estuvo marcado por la polémica tanto fuera como dentro del Tribunal Supremo, donde los magistrados de la Sala Tercera se enfrentaron a su presidente, Angel Rodríguez, contra su pretensión de que fuese la sección séptima de ésta la que resolviese el recurso en lugar del pleno, tal como pretendían los magistrados ue le remitieron un escrito en ese sentido. Finalmente, Rodríguez acordó que fuesen los 33 miembros de la sala los que lo resolviesen en pleno.