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El Supremo envía a la Audiencia Nacional los recursos de Torra y Costa por las escuchas ilegales

MADRID
SERVIMEDIA

La Sala III del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que acuerda que la competencia para conocer de un recurso contencioso-administrativo presentado por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Joaquim Torra y el exvicepresidente primero de la Mesa del Pralament Josep Costa i Rosello, por escuchas de sus comunicaciones, es de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que remitirá las actuaciones con emplazamiento a las partes para que se personen.

El auto recoge que Torra y Costa interpusieron recurso contencioso administrativo para la protección de los derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), en relación con el artículo 30 de la misma, contra la actuación material constitutiva de vía de hecho consistente en la intervención, escucha, sustracción, recopilación, tratamiento, uso, difusión y/o almacenamiento de la información y comunicaciones de los recurrentes por parte del Gobierno de España y la Administración General del Estado.

La Sala indica que coincide con las alegaciones formuladas por el abogado del Estado en que, como la actuación de control se atribuye al secretario de Estado y director del Centro Nacional de Inteligencia, la competencia es de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

El pasado 7 de junio, el juez instructor del ‘caso Pegasus’ acordó el levantamiento del secreto sobre esta causa y acordó citar como testigo para el próximo 5 de julio, a las 9.00 horas, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Además, el magistrado acordó ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel para que una comisión judicial encabezada por él se desplace a aquel país para tomar declaración como testigo al CEO de la empresa que comercializa el programa Pegasus. Calama ya dirigió una primera comisión rogatoria a este país para que la empresa informara sobre distintos extremos de esta herramienta informática.

En el marco de esta investigación y mientras ha permanecido secreta, el juez Calama tomó declaración como testigos a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de ese organismo encargado de elaborar los informes sobre estos hechos. En su comparecencia, el magistrado se interesó por conocer las circunstancias en las que se produjo la infección de los teléfonos móviles y conocer los controles de los servicios de inteligencia sobre las comunicaciones de los miembros del Ejecutivo.

Esteban fue cesada como cabeza del CNI con el argumento de que hubo un fallo de seguridad en el control de las comunicaciones del Gobierno, al tiempo que estaba en el centro de la polémica por el espionaje, también con Pegasus, a varios dirigentes independentistas.

En el ‘caso Pegasus’ el juez investiga el espionaje con este sistema de vigilancia al presidente, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa y del Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, en varios días de los meses de mayo y junio de 2021, según los análisis del Centro Criptológico Nacional.

Para avanzar en la investigación, el juez se plantea desplazarse a Israel para tomar declaración allí al CEO de NSO Group, la empresa que comercializa el programa, que supuestamente está sólo destinado a luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. NSO Group vende el sistema Pegasus a Gobiernos de todo el mundo y suele presentar reticencias a colaborar cuando se investiga el uso de esta herramienta.

En caso de que las autoridades israelíes aceptaran la petición del magistrado, una comisión encabezada por el instructor y con representación de las partes personadas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, se desplazarían al país del Mediterráneo oriental para practicar la declaración. Ésta sería la segunda comisión rogatoria que Calama dirige a Israel para conocer a fondo el funcionamiento de Pegasus. Por el momento no ha recibido respuesta.

Bolaños declarará el próximo día 5 de julio en calidad de testigo. El ministro de Presidencia fue quien denunció las escuchas en nombre del Gobierno y como tal podría decidir responder por escrito a las preguntas que le formule el juez.

Según las investigaciones del CNI, el teléfono móvil de presidente del Gobierno fue espiado en dos ocasiones durante el 19 de mayo de 2021 y el posterior 31 de mayo, coincidiendo con momentos clave de la crisis diplomática con Marruecos por la presencia del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España. Los teléfonos de Robles y Maslaska también fueron espiados, mientras que el dispositivo del ministro de Agricultura, Luis Planas, fue objeto de un ataque no exitoso.

(SERVIMEDIA)
17 Jun 2022
SGR/clc