Según consta en una sentencia hecha pública hoy, los magistrados consideran que la subvención de 301.542.709 pesetas concedida a Herri Batasuna en 1992 fue correctamente otorgada, puesto que la solicitó antes de su ilegalización por el Tribunal Supremo.

Sin embargo, añade que Herri Batasuna fue ilegalizada antes de que se resolviese el recurso planteado por el abogado del Estado contra la concesión de dicha subvención.

Así, esta ayuda no puede ser entregada ahora a Herri Batasuna, por lo que los magistrados consideran que debe entregarse a aquellos encargados de disolver el patrimonio de la coalición "abertzale" como consecuencia de su ilegalización.