El Supremo justifica su decisión "por hallar ajustados a derecho la citada Disposición General", y especifica quequeda "sin especial pronunciamiento sobre las costas de este recurso".

En concreto, la FERE recurrió cinco de los artículos de este real decreto, todos ellos referidos a los equipamientos que han de tener los centros para impartir la Formación Profesional.

Sin embargo, el Supremo sentenció que ninguno de estos argumentos son convincentes para estimar el presente recurso, y destacó que independientemente de que la ley orgánica al referirse a las "instalaciones docentes", no incluya los equipamientos de los centros, ello no es óbice para poder aplicar aquella limitación a los supuestos que contempla específicamente la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Asimismo, la Ley habilita al Gobierno, «previa consulta del Consejo General de la Formación Profesional, a establecer los requisitos básicos que deberán reunir los centros que impartan FP.