El tribunal señala que “los diversos datos, cifras, cálculos y estimaciones con los que la demandante pretende ilustrar su argumentación sobre la falta de eficiencia, transparencia y objetividad de los costes estimados carecen en realidad de todo sustento probatorio, pues no vienen respaldados por ningún dictamen pericial o informe técnico debidamente contrastado que sirva de apoyo a aquellas manifestaciones de parte”.

Por otro lado, la sentencia señala que la impugnación del DORA no es ocasión que pueda aprovecharse para impugnar o cuestionar también el acuerdo del Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A. de 27 de diciembre de 2021 por el que se adjudicó a Enaire el “contrato de servicios de navegación aérea en aeropuertos de AENA” para 21 aeropuertos.

También recuerda que, como sostienen la Administración demandada y la codemandada AENA, el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2022-2026 no es un instrumento a través del cual se pueda acometer la liberalización de los servicios de tránsito aéreo.