Los magistrados estiman que el PSUC no ha acreditado la propiedad de los 18 locales en propiedad y 140 derechos de arrendamiento, todos ellos en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que reclama.

En su recurso, el PSUC asegura que no existe posibilidad material para aportar pruebas sobretales propiedades, "dada la inestabilidad política de la época, la clandestinidad de los partidos que determinó la destrucción de documentos, su irrecuperabilidad o la fragmentación de diversos registros".

Asimismo, hace hincapié en que no resulta admisible la exigencia de una aportación material y documental exhasutiva sobre datos y circunstancias acaecidas hace más de 60 años.

Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda que, según la legislación, "a la solicitud (del derecho a la restitución o copensación) se acompañarán los documentos acreditativos de la existencia en su momento de los bienes o derechos".

Para el Alto Tribunal, no es suficiente la prueba aportada por el PSUC, consistente en envíos postales a la citada formación a un domicilio determinado y en fotocopias de ejemplares de prensa en la que se indica el lugar de reunión de determinados actos políticos.

Según los magistrados, tal documentación sólo serviría para acreditar, "si acaso, el domicilio circunstancial o la ocupació accidental, pero están lejos de certificar con un mínimo de verosimilitud, exigido por razones de seguridad jurídica, la propiedad o el arrendamiento".

Tampoco aceptan los magistrados el argumento de que el PSUC era un partido de implantación en Cataluña, donde desarrollaba su actividad política. "Siendo esto cierto, no explica que un determinado edificio fuera de su propiedad o lo tuviera en arrendamiento", argumentan.