En un auto dictado este lunes, la Sala deja sin efecto la anulación y señala que la resolución de la Dirección General de la Policía de 15 de noviembre de 2022 (BOE de 18 de noviembre de 2022) debe ser interpretada y aplicada de conformidad con las correcciones introducidas en el BOE de 30 de noviembre de 2022.

El Supremo responde así a una alegación formulada por el abogado del Estado en un escrito de 1 de diciembre de 2022, y ante el hecho de que la corrección de errores incluida en el BOE de 30 de noviembre por la Dirección General de la Policía repara la carencia de la resolución de 15 de noviembre de 2022 y, por consiguiente, hace desaparecer la vulneración de la medida cautelar vigente.

En todo caso, el auto destaca que “en este asunto que afecta a un elevado número de personas, tan sólo la Administración ha dilatado los tiempos, por no mencionar que no ha informado con precisión y prontitud de los pasos dados para remediar la vulneración de la medida cautelar. Y la otra observación es que, contrariamente a lo que afirma el Abogado del Estado, nuestro auto de 29 de noviembre de 2022 no adopta una nueva medida cautelar, sino que se limita a salvaguardar la eficacia de una ya en vigor”.