Los hechos de la querella que debe investigar la Audiencia Nacional consisten en que Telefónica S.A., como consecuencia de una presunta deuda no satisfecha por los denunciantes, Tlecomunicaciones Servicios Avanzados de Telefónica S.L. (Astursat), interrumpió el suministro que venía prestando a éstos, dejandoles sin cobertura en los teléfonos públicos que gestionan.

Telefónica puso en conocimiento del público que la interrupción se debía a las deudas no satisfechas por la entidad afectada, y sus agentes intentaron captar a los clientes de la entidad ahora querellante, según dicha entidad.

El Supremo señala que, según un informe de la Comisión del Mercado de Comunicaciones,"se deduce la existencia de conductas que suponen un abuso de posición dominante por parte de Telefónica, en relación a la imposición de tarifas con imposición de prestaciones suplementarias y con los cortes e interrupciones del servicio".

El Tribunal Supremo señala que, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia Nacional es competente para investigar defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridd del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en más de una comunidad autónoma.

Los magistrados del Alto Tribunal señalan que, aunque aún es pronto para determinar si se trata de un supuesto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, lo cierto es que los hechos denunciados afectan, además, a una "pluralidad importante de sujetos pasivos".

"Los afectados por las decisiones de los querellados no se limitan a la empresa directmente afectada, sino que debe extenderse, en principio, a los usuarios del servicio telefónico del tipo del que aquella prestaba", añaden.

Con estos argumentos, el Supremo ordena al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, dirigido por Guillermo Ruiz Polanco, que se haga cargo del caso.

El caso llegó al Supremo, después de que ni el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ni el de la Audiencia Nacional se declararan competentes para investigar el caso, lo que ha tenidoque ser resuelto ahora por el Alto Tribunal.

Ahora, el juez Ruiz Polanco, previo informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, deberá decidir si admite a trámite la querella e investiga los hechos o, por el contrario, archiva el caso.

La querella está dirigida contra el presidente de Telefónica S.A., César Alierta, y el presidente de Telefónica España, Julio Linares, entre otros.