Los 16 magistrados de la sala especial del Tribunal Supremo aseguran que es "improcedente en este momento decretar el embargo de las llamadas herriko tabernas", pero dejan la puerta abierta para que las partes, en este caso la Fiscalía y la Abogacía del Estado, puedan plantear las correspondientes acciones tendentes a demostrar la vinculación de los establecimientos con Batasuna.

Fue esta misma sala, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, los presidentes de las cinco salas y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas, la que ordenó la ilegalización de Batasuna en marzo de 2003.

En la reunión de hoy, que ha durado cerca de tres horas, los magistrados llegaron a la conclusión de que, dentro del proceso de liquidación patrimonial de los bienes e inmuebles pertenecientes a Batasuna, las denominadas "herriko tabernas" no pueden ser embargadas, según informaron fuentes del Tribunal.

Los magistrados se remiten al artículo 38 de la Ley Hipotecaria para justificar su decisión. Dicho artículo establece que "se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos".

En el caso de las más de 100 "herriko tabernas", repartidas por el País Vasco y Navarra, la titularidad legal es de particulares y están registradas en su mayoría como asociaciones culturales.

Aún así, los magistrados de la Sala del 61 dejan abierta la puerta para que la Fiscalía o el Estado a través de sus abogados inicien las correspondientes acciones de "levantamiento de velo", es decir, actuaciones dirigidas a esclarecer la titularidad de las "herriko tabernas" y a demostrar que sus dueños son testaferros detrás de los cuales está Batasuna.

Por otro lado, en la reunión de hoy los magistrados decidieron rechazar todas las alegaciones efectuadas por los abogados de Batasuna para oponerse al proceso liquidatorio de los bienes de la formación que se inició tras su ilegalización en 2003.

Todas estas decisiones adoptadas hoy se refieren al proceso administrativo seguido contra Batasuna, sin perjuicio de las acciones que se puedan seguir en el proceso penal abierto contra la formación por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

UN LARGO PROCESO

En octubre de 2006, y con el objetivo de hacer plenamente efectiva su ilegalización, el Tribunal Supremo inició el proceso de liquidación patrimonial de Batasuna y ordenó a los juzgados del País Vasco y de Navarra que realizasen un inventario de los bienes, muebles y enseres que fueran propiedad de la formación.

Dentro de este proceso, el Alto Tribunal inició a finales de 2006 un proceso de liquidación de las denominadas "herriko tabernas", una red de establecimientos de la izquierda abertzale, al considerar que formaban parte del patrimonio de Batasuna.

Pero la complejidad de este proceso y la gran cantidad de documentación aportada, entre la que destaca el largo inventario de todos los locales, han provocado que, en la práctica, la liquidación de las "herriko tabernas" lleve paralizada desde que se inició.

En abril de este año, el Tribunal Supremo solicitó al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón información sobre el estado de la liquidación de 55 "herriko tabernas" ordenadas por el magistrado en 2002 a raíz de la causa seguida contra Batasuna.

Garzón contestó al Alto Tribunal a través de un auto en elque señaló que las "herriko tabernas" se encontraban bajo administración judicial desde su embargo y que no se había alterado su titularidad ni la de sus bienes.

La Sala del 61 se reunió el pasado 10 de julio para tratar este asunto, pero no se adoptó ninguna decisión con respecto a los embargos.