EL SUPREMO CONTINUARA DELIBERANDO EL PROXIMO MIERCLES SI LA SANCION A LA JUEZ RAMIREZ FUE CORRECTA
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El Tribunal Supremo continuará estudiando el próximo miércoles 20 de marzo el recurso que Pilar Ramírez, ex juez decana de Marbella, presentó contra la decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de expulsarla de la carrera judicial por haber tramitado asuntos relacionados con su familia, en lugar de abstenese.
Según informaron hoy fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo no ha llegado aún a una conclusión unánime en relación al recurso que Pilar Ramírez presentó contra la sanción del CGPJ en enero de 2000.
El próximo miércoles será la tercera ocasión en que se reunen los magistrados en busca de un acuerdo común, lo que indica que no hay un claro consenso que ponga fin a este litigio.
El Pleno del CGPJ reunido el 26 de enero de 2000 decidió también suspenderla durante un año por no advertir al Poer Judicial de la incompatibilidad para ejercer en Marbella, algo a lo que estaba obligada al residir allí familiares suyos con intereses económicos en la zona y tratarse de una ciudad con menos de 100.000 habitantes.
El caso de Pilar Ramírez tuvo una gran repercusión social, dado que estuvo relacionado con la tramitación del "caso Atlético" en Málaga, investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Fue precisamente este departamento el que la denunció ante el máximo órgano de gobierno de los jueces y magstrados, al acusarla defalta de imparcialidad, entre otras cosas.
VINCULOS MAFIOSOS
Las actuaciones del CGPJ contra Pilar Ramírez se iniciaron a petición del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, quien presentó una denuncia en la que relacionaba a la familia de la juez con el alcalde de Marbella, Jesús Gil, y a éste con la mafia italiana.
Esta denuncia de Jiménez Villarejo, quien acusaba a la juez Ramírez de falta de imparcialidad y de enemistad manifiesta, fue presentada despué de que la magistrada dictase una resolución afirmando que el juez instructor del "caso Gil", Santiago Torres, había incumplido las normas de reparto de las causas judiciales.
Con esa resolución, la juez decana dió la razón a Jesús Gil, para quien Santiago Torres y el fiscal Anticorrupción del caso, Carlos Castresana, habían diseñado una "actuación combinada" para investigar la causa, en lugar de enviarlo a reparto, como correspondía.
(SERVIMEDIA)
13 Mar 2002
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