EL SUPREMO CONTINUA MAÑANA DELIBERANDO SI LA SANCION A LA JUEZ RAMIREZ FUE CORRECTA
- El CGPJ la expulsó de la carrera judicial por tramitar asuntos relacionados con su familia
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El Tribunal Supremo continuará mañana estudiando el recurso que Pilar Ramírez, ex juez decana de Marbella, presentó contra la decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de expulsarla de la carrera judicial por haber tramitadoasuntos relacionados con su familia, en vez de abstenerse.
Según informaron hoy fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo comenzó hoy a estudiar el recurso contra la sanción que el CGPJ impuso a Pilar Rámirez en enero de 2000, pero los magistrados no han llegado aún a una conclusión unánime, por lo que mañana continuarán estudiando el caso.
El Pleno del CGPJ reunido el 26 de enero de 2000 decidió también suspenderla durante un año por no advertir al Poder Judicial de la incompatibilidad para ejerceren Marbella, algo a lo que estaba obligada al residir allí familiares suyos con intereses económicos en la zona y tratarse de una ciudad con menos de 100.000 habitantes.
El caso de Pilar Ramírez tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, dado que estuvo relacionado con la tramitación del "caso Atlético" en Málaga, investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Fue precisamente este departamento el que la denunció ante el máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados, al acusarla de alta de imparcialidad, entre otras cosas.
EL ORIGEN
Las actuaciones del CGPJ contra Pilar Ramírez se iniciaron a petición del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, quien presentó una denuncia en la que relacionaba a la familia de la juez con el alcalde de Marbella, Jesús Gil, y a éste con la mafia italiana.
Esta denuncia de Jiménez Villarejo, quien acusaba a la juez Ramírez de falta de imparcialidad y de enemistad manifiesta, fue presentada después de que la magistrada dictase ua resolución afirmando que el juez instructor del "caso Gil", Santiago Torres, había incumplido las normas de reparto de las causas judiciales.
Con esa resolución, la juez decana dió la razón a Jesús Gil, para quien Santiago Torres y el fiscal Anticorrupción del caso, Carlos Castresana, habían diseñado una "actuación combinada" para investigar la causa, en lugar de enviarlo a reparto, como correspondía.
(SERVIMEDIA)
13 Mar 2002
VBR