Según una sentencia conocida este miércoles, las declaraciones que motivaron las sanciones se produjeron en abril y mayo de 2023, cuando Rodríguez era portavoz del Gobierno y estaban convocadas las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera ajustada a derecho la actuación de la JEC, que impuso dos multas (de 2.500 y 2.200 euros) a la ministra tras advertirla varias veces de que debía guardar el principio de neutralidad electoral.

El Supremo explica que las sanciones no se deben a la información sobre lo decidido en los Consejos de Ministros, sino a "la loa de las actuaciones gubernamentales y la crítica a la oposición" en las respuestas de Rodríguez.

OBLIGACIÓN DE DISTINGUIR

Los magistrados señalan que es "obligación de quien tiene la responsabilidad pública de la ministra portavoz del Gobierno distinguir lo que debe decir y lo que no debe decir porque se lo impide" la ley electoral.

Añaden que el derecho al cargo de Rodríguez "no padece" por aplicar el precepto legal infringido, "mejor dicho porque se hayan hecho valer los principios de neutralidad de los poderes públicos en período electoral y de igualdad".

El Alto Tribunal recuerda que la ley "no le impide expresar lo que desee fuera de su actividad institucional" ni efectuar valoraciones políticas, "siempre que no supongan pronunciarse a favor o en contra de las posiciones de los contendientes".

La sentencia destaca que la JEC aplicó el artículo 50.2 de la Ley Electoral, que prohíbe durante la campaña "cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o logros obtenidos".