El tribunal da por probado que la UDGC constituye una asociación de carácter reivindicativo, cuya existencia o respaldo por parte de miembros de la Guardia Civil está perseguida por mor del Régimen Disciplinario del instituto armado, que prohibe expresamente cualquier actividad sindical en su seno.

Los hechos juzgados tuvieron lugar en 1996, año en el que, a instancias de la Dirección General de la Guardia Civil, el Ministerio de Defensa resolvió separar del servicio al mencioado agente, que recurrió al Tribunal Supremo.

Los hechos que motivaron la imposición de la sanción se fundamentaron en la "persistencia" en la actitud del agente, al mantener sus opiniones ante distintos medios de comunicación y en fechas distintas. En su condición de portavoz de la UDGC, Humberto T.J. confesó que su objetivo era "llevar a cabo una lucha por la desmilitarización de la Guardia Civil y en materia de horarios y sueldos".

En el fallo del Tribunal Supremo, cuyo ponente ha sido el magitrado Aparicio Gallego, se señala que el agente llegó a calificar de "chupaculos" y "pelotas" a los guardias civiles que reprochaban su pertenencia al sindicato ilegal.