De esta manera, el Alto Tribunal desestima el recurso que Perote había presentado contra la sentencia que la Audiencia Provincial de Madrid dictó contra él el 4 de abril de 2005, condenándole por un delito de utilización de artificios técnicos de escucha y grabación del sonido cometido por funcionario público.

En la sentencia, hecha pública hoy, el Supremo reconoce "que el sacrificio de algunos derechos, o de aspectos parciales de los mismos, es necesario en ocasiones para garantizar la propia supervivencia del sistema democrático e incluso para asegurar a los ciudadanos la misma existencia y eficacia de aquellos derechos individuales".

"Pero también lo es que la existencia de una finalidad legítima, cuya satisfacción a todos beneficia, incluido el propio sistema democrático, no puede suponer la creación de espacios de impunidad para quienes contribuyen a alcanzarla, cuando en la utilización de esos medios o con abuso de los mismos, rebasen las fronteras de lo constitucionalmente admisible adentrándose en actuaciones de carácter delictivo", agrega.

Juan Alberto Perote había sido condenado en un primer momento a seis meses de arresto y ocho años de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Madrid y el fallo fue confirmado por el Tribunal Supremo.

Sin embargo, en marzo de 2004 el Tribunal Constitucional decidió anular la sentencia y ordenó repetir el juicio, al entender que el tribunal que había juzgado el caso no había sido imparcial.

Así, el juicio se celebró de nuevo y la Audiencia Provincial de Madrid dictó en abril de 2005 otra sentencia condenatoria contra Perote, confirmada hoy por el Supremo.