Fue el 14 de abril de 2005 cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió absolver a Botín, Amusátegui y Corcóstegui de los delitos de apropiación indebida y administración desleal de los que habían sido acusados por el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y el letrado Juan Francisco Franco.

Para los magistrados de la Audiencia Nacional, no quedó probado que Botín, Amusátegui y Corcóstegui hubieran detraído dinero de las cuentas del banco español tras la fusión entre el Santander y el Central Hispano, ya que los pagos a los ex altos cargos cuando abandonaron la entidad fueron "una retribución por sus servicios prestados a favor del banco".

"No hay reglas, topes, máximos o mínimos, establecidos en orden a la fijación de estas retribuciones, ni en la Ley de Sociedades Anónimas, ni en los estatutos del BSCH. Estas dependen de criterios de oportunidad, necesidad, calidad y eficacia en la gestión. La fijación depende, en definitiva, del mercado", argumentaron los jueces.